Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores son ahora parte de la lista de los parlamentarios que persigue la dictadura mediante sus poderes subordinados.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha despejado este martes el camino para perseguir a otros cuatro diputados, con la excusa del allanamiento de inmunidad, por apoyar el alzamiento militar contra la dictadura protagonizado el pasado 30 de abril por el autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó.

La Sala Plena del TSJ ha determinado que Carlos Alberto Paparoni, Miguel Alejandro Pizarro, Franco Manuel Casella y Winston Eduardo Flores han visto comprometida su responsabilidad por la comisión flagrante de los delitos de traición, rebelión, usurpación de funciones, concierto para delinquir, instigación a la insurrección y al odio.

El TSJ ha ordenado remitir su resolución al presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y al fiscal general, Tarek William Saab, para que ambos puedan actuar en consecuencia.

El alto tribunal ya se pronunció en los mismos términos contra otros diez diputados, de los cuales siete fueron despojados de su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Constituyente, permitiendo con ello que sean procesados.

De los diputados señalados por las autoridades venezolanas, Mariela Magalles, Américo De Grazia y Richard Blanco se han refugiados en las embajadas de Italia, los dos primeros, y Argentina, el último, para evitar ser detenidos, mientras que Luis Florido ha huido a Colombia.

Además, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue apresado el pasado 9 de mayo. Su familia ha pedido en los últimos días una fe de vida debido a los fuertes rumores que circulan en redes sociales sobre su estado de salud.

Ante estos hechos, Guaidó ya había denunciado un golpe al Parlamento, si bien este martes se suma que militares, policías y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) han tomado la Asamblea Nacional sin permitir el acceso a diputados, trabajadores y periodistas.

La sede legislativa ha denunciado en un comunicado que es víctima de una toma militar y ha anunciado que, por tal razón, la sesión de este martes ha quedado aplazada al miércoles con el mismo orden del día, aunque no ha precisado dónde se celebrará.

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