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Domingo, 18 Febrero 2018 00:00

“Masacres como la de Guasipati son consecuencia de un contexto de violencia e impunidad”

 
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Los partes del Ejército hablaban sobre un “enfrentamiento”. Pero no hubo víctimas del lado de los uniformados Los partes del Ejército hablaban sobre un “enfrentamiento”. Pero no hubo víctimas del lado de los uniformados Foto William Urdaneta

@marcosdavidv

Lcapitulariliana Ortega insiste en que la masacre de Guasipati, ocurrida en la mañana del sábado 10 de febrero en la mina Cicapra, no solo fue masacre en sí: fue además perpetrada por el Ejército y cometida en zona de seguridad. Un círculo vicioso que no ha cesado y que tuvo como punto de inflexión la masacre de Tumeremo (marzo de 2016). Y continúa. Así lo ve la presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas del 27F (Cofavic).

- A partir de entonces ha habido otras ejecuciones por parte del Ejército. Y al final hay un denominador común: un parte escueto que habla de tantos fallecidos en enfrentamiento con esa fuerza, pero nunca hay víctimas del lado del Ejército. ¿Todo eso abonó el terreno para que ocurriera lo que ocurrió en la mina Cicapra?

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- Cofavic ha manifestado su preocupación por una serie de patrones en varios casos de masacres en la zona sur del país, como La Paragua (2006) y Tumeremo (2016). Sin embargo, la mayoría de esos casos tiene un elemento común y transversal: la impunidad. No se han sancionado los responsables de manera firme y definitiva, y muchos de esos casos quedan silenciados por el miedo. Por tanto, no deben ser vistos como hechos aislados, sino que forman parte de un contexto de violencia e impunidad, que ha sido sistemático en el tiempo.

Hemos visto también cómo bandas armadas ligadas a la minería ejercen control en la zona, y en muchos casos, con aquiescencia y tolerancia de las autoridades. Y hay que recalcar que son zonas fronterizas y, por tanto, de seguridad, por lo que el Estado debería tener una mayor presencia en esos sitios. El derecho internacional ha establecido que cuando ocurren estos hechos donde hay especial control del Estado, aunque sean cometidos por particulares, se generan obligaciones de ese Estado, muy particularmente la de prevención.

- Todo va en dos vertientes: omisión e impunidad.

- Sí. Ha habido un abandono de la obligación de prevenir que determina muy claramente cuáles son las responsabilidades que tienen los Estados en esa materia para evitar que ocurran violaciones a derechos humanos, y una vez que ocurren este tipo de violaciones, la obligación principal es la investigación: pero no el inicio de cualquier investigación, sino que tienen que ser determinantes, conclusivas e independientes. Hemos visto en varios testimonios que hay destrucción de evidencias, que no se respeta la cadena de resguardo de la evidencia, que hay prejuicios, que hay opiniones adelantadas, que hay intromisiones del Poder Ejecutivo en las opiniones que debe tomar el Poder Judicial de manera independiente y control de las fuerzas de seguridad de la investigación inicial… todo eso produce resultados favorables a la impunidad.

Lo que debería ser

- ¿Cómo se resumen y se sistematizan esos pasos?

- El Estado tiene una responsabilidad intransferible de quienes tienen a su mando la seguridad de sus zonas. Por supuesto que quienes actúen en operativos donde se violen derechos humanos tienen una responsabilidad posterior y quienes deben investigar estos hechos deben hacerlo de manera eficiente y conclusiva. Por lo tanto allí hay una gama de responsabilidad que, en definitiva, son todas ligadas a los estados.

- Esto que ocurre ¿se puede manejar como crímenes de lesa humanidad?

- No creo que tengamos los elementos suficientes para confirmar una opinión sobre si estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Ahora, para que detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales configuren crímenes de lesa humanidad, hay que verificar cuál es la actitud del Estado frente a ellos y si los investiga y sanciona. Pero no solo para quienes los cometen directamente, sino para todas las cadenas de mando y las estructuras que puedan estar involucradas por parte del Estado. Esa actitud de falta de investigación es la que va a determinar el camino para saber delante de qué tipo de crímenes estamos. El Ministerio Público y el Poder Judicial son los que deben investigar, incluso sin impulso de la parte agraviada: los familiares de las víctimas no deben tener la carga, porque estamos ante la presunción de crímenes muy graves.

- El deber ser es que los familiares ni siquiera se molesten, sino que el mismo Estado, sin ninguna convocatoria, investigue.

- Si los familiares desean aportar información, bienvenidos, pero es el Estado el que tiene la información indivisible de investigar, incluso si los familiares desisten de estos procedimientos.

Sobre genios y figuras

- Sabiendo las formas de la actuación tanto del Ministerio Público, como de la Defensoría y del Poder Judicial, ¿es difícil que haya justicia en este caso?

- Bueno, la data oficial, a pesar de la opacidad, es contundente: 98 por ciento de los casos no llegan a juicio. Por supuesto, estos hechos acaban de ocurrir y hay que dar oportunidad de que sean investigados para que den satisfacción a la responsabilidad del Estado. En la mayoría de los casos las víctimas no tienen oportunidad de sentarse junto a un juez. Hay un problema grave de impunidad institucionalizada que permea toda la agenda de derechos humanos en Venezuela.

- En cuanto al derecho internacional, si hay fallas del Estado venezolano, ¿cuáles son las posibilidades y esperanzas para los familiares de las víctimas?

- Los familiares tienen que resistir a los efectos de la impunidad porque tienen una bandera muy importante: mantener viva esa memoria. Como dijo el padre Pedro Trigo en una homilía sobre el Caracazo: “Hay que impedir que la violencia tenga la última palabra”. El Estado no puede justificar su inacción en materia de justicia por la falta de impulso de los familiares de las víctimas. Hay una situación de hostigamiento, de criminalización, de acciones ulteriores que hacen que la gente comience a sentir miedo y se sienta desprotegida y por supuesto muchas personas deciden no continuar con las investigaciones. Pero no es excusa para la impunidad, sobre todo en este tipo de casos, que hay que investigarlos con seriedad y producir respuestas que permitan demostrar que el Estado tiene distancia y no complicidad.

- ¿Sí hay una pasividad cómplice del Estado ante estas masacres?

- No lo he dicho de manera determinante. Lo que he dicho es que si el Estado produce resultados, va a demostrar que tiene una distancia frente a estos hechos para garantizar que no ocurran. Nosotros preferimos esperar cuál es la actitud del Estado antes de pronunciarnos de manera definitiva. Lamentablemente, hay un contexto de impunidad en este tipo de casos y en las zonas donde ocurren, donde hay una alta militarización y control policial. Frente a este excepcional despliegue de control, han ocurrido varios casos que deben ser investigados y sancionados, algunos de los cuales tienen ya bastante tiempo sin resultados. Si pasa igual aquí, habrá una responsabilidad del Estado.

GUASIPATI 2“La mayoría de esos casos tiene un elemento común y transversal: la impunidad” | Foto cortesía cesarmiguelrondon.com

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