Fedecámaras informó que el miércoles 6 de noviembre fue presentado, en la 337ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, el informe sobre violaciones sindicales y acoso a trabajadores y gremios en Venezuela.

Ginebra.- Una representación de Fedecámaras integrada por su presidente, Ricardo Cusanno y los expresidentes Jorge Roig, miembro empleador del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Carlos Larrazábal, participó el miércoles 6 de noviembre en la 337ª reunión de dicho Consejo, máximo órgano ejecutivo del organismo internacional. En la sesión fue presentado el informe emitido por la Comisión de Encuesta sobre la República Bolivariana de Venezuela en septiembre de 2019 y notificado al gobierno el 27 del mismo mes.

El Consejo de Administración recibió el informe, pero la discusión de fondo sobre su contenido tendrá lugar en su próxima sesión de marzo de 2020, pues el gobierno manifestó que haría uso del lapso de tres meses que otorga el artículo 29 de la Constitución de la OIT, para expresar sus comentarios y decidir si acepta o no las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y, en caso negativo, si desea remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia.

El gremio informó, a través de un comunicado, que corresponde al gobierno expresar su posición sobre las recomendaciones de la Comisión de Encuesta hasta el próximo 27 de diciembre de 2019.

Las recomendaciones, de ser aceptadas por la administración de Nicolás Maduro, deberían cumplirse en su totalidad antes de septiembre de 2020, salvo la que se refiere a la constitución de las mesas de diálogo tripartita y bipartitas con Fedecámaras y con las organizaciones de trabajadores, respectivamente, que debe ser cumplida antes del próximo Consejo de Administración de marzo de 2020.

El vocero del grupo empleador planteó a la OIT arbitrar algún mecanismo de acompañamiento para que dichas mesas cuenten con la presencia y la asistencia técnica de la OIT, para implementar las recomendaciones, así como una posible visita del director regional para las Américas y el Caribe a Venezuela a inicios del 2020.

Señaló el vocero empleador que, en la historia de la OIT, los gobiernos que aceptaron las recomendaciones de anteriores comisiones de encuesta o se abrieron a la asistencia técnica de la OIT lograron resultados exitosos y duraderos e invitó al Gobierno de Venezuela a aceptar las recomendaciones.

Posición oficial

La representación oficial, por su parte, luego de las intervenciones de varios gobiernos que deploraron la situación de violaciones a los derechos laborales y sindicales de Venezuela, así como las violaciones a los derechos humanos identificadas en el reciente informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizó una serie de cuestionamientos y descalificaciones sobre la situación política de dichos países, no vinculados al tema central del informe, basado en las graves violaciones en Venezuela a los derechos y libertades sindicales protegidas por la OIT.

La Comisión de Encuesta en su informe condenó, entre otros, los actos de violencia, asesinatos y múltiples formas de acoso a las organizaciones de empleadores y trabajadores; la criminalización de la protesta; el favoritismo a organizaciones paralelas afines al gobierno, para desplazar a la representación sindical independiente y legítima; así como la discriminación e injerencia hacia las organizaciones que no le son afines, obstaculizando las relaciones entre empleadores y trabajadores, con nuevas figuras como los consejos productivos de trabajadores, que se sobreponen a los sindicatos y cuya eliminación propuso.

También se reconoció la violación de las libertades civiles y los derechos humanos en Venezuela, la ausencia de la separación de poderes, las fallas en el funcionamiento del Estado de Derecho y el debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia en el país.

El informe fue valorado como un logro significativo para la OIT en sus 100 años de historia, tomando en cuenta que es apenas la decimotercera vez en que el organismo internacional se ve obligado a recurrir a su máximo mecanismo de control contra un gobierno. (Prensa Fedecámaras)